“1. Los ciudadanos extranjeros en España tendrán acceso a las libertades públicas garantizadas por el presente Título, sujetos a las estipulaciones establecidas en los tratados y la legislación.

Por su parte, sobre los tratados, Estarellas comenta que la firma de estos ha sido vista siempre como una medida “de acuerdos de voluntad entre Estados con la finalidad de atacar a delincuentes que creen que porque se van del país ya no tienen que cumplir con los delitos que han cometido”.

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Además, abordaremos los desafíos que enfrenta España al tratar de llevar a cabo procesos de extradición con estos países, destacando las dificultades legales y diplomáticas que surgen en el camino.

Si te interesa conocer más sobre el impacto de los países sin acuerdo de extradición con España en la justicia, este artículo te brindará información detallada y clara.

La falta de acuerdos de extradición con los países anteriormente mencionados puede generar problemas en la justicia española, ya que dificulta la posibilidad de juzgar a personas que han cometido delitos en nuestro país y se encuentran en estos países.

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Si los ciudadanos tienen preocupaciones sobre la extradición en su país, pueden buscar asesoramiento lawful y consultar con organizaciones de derechos humanos para obtener información y apoyo. También pueden trabajar para abogar por cambios en las políticas de extradición de su país.

Si se encuentra en este tipo de situación debe contactar un abogado urgentemente, ya que resulta un beneficio para su caso. Además legalmente está obligado a hacerlo, pues la Ley establece que este tipo de procesos sean desarrollados con la presencia de un representante profesional, es decir que a diferencia de otros casos en los que se prosigue sin necesidad de una representación letrada, en el proceso de extradición no es posible.

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La cooperación entre España y Tailandia en materia de extradición aún no se encuentra regulada por un tratado, lo que implica que para paises que no tienen extradicion que un individuo encarcelado en uno de estos países sea trasladado al otro, es necesario alcanzar un acuerdo político que no está sujeto a ningún límite de tiempo.

Así, la PGR pondera que “dado que ni el artículo 31 ni el 32 constitucionales protegen un derecho fundamental o humano a la no extradición de nacionales, el Poder Reformador (Asamblea Legislativa) está facultado para realizar la reforma constitucional parcial si desea elevar a rango constitucional este tema, sin necesidad de la convocatoria a una Asamblea Constituyente para llevar a cabo la reforma absoluta de la Constitución”.

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